Los juzgados de violencia sobre la mujer asumen desde hoy los delitos sexuales y la trata cuando la víctima sea mujer
A partir de hoy, viernes 3 de octubre de 2025, entra en vigor la ampliación de competencias que atribuye a los juzgados y secciones de Violencia sobre la Mujer la investigación y enjuiciamiento de todos los delitos contra la libertad sexual y de los delitos de trata de seres humanos cuando la víctima sea mujer, una reforma prevista en la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia que, en línea con el Convenio de Estambul y con el enfoque de especialización judicial, persigue una respuesta más homogénea y protectora que evite la revictimización y concentre la instrucción en órganos con formación específica en igualdad.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes subraya que la reasignación competencial —que hasta ahora reservaba a estos juzgados la violencia de género circunscrita a la pareja o expareja— se aplica exclusivamente a los delitos sexuales y de trata cometidos a partir de hoy, de modo que los procedimientos en curso continuarán en los juzgados que ya los tramitan, mientras se despliega un paquete de personal y medios que, según los cálculos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), absorberá un incremento de carga del 12,9 por ciento de media sin perjuicio de su evolución paulatina conforme vayan registrándose nuevos casos.
Para atender ese previsible aumento de asuntos, el Gobierno aprobó la creación de 50 plazas judiciales especializadas —un incremento del 42 por ciento sobre la planta actual— y 42 plazas de Fiscalía, con incorporaciones progresivas desde octubre y con refuerzos temporales “necesarios” hasta completar el despliegue, medidas a las que se añade la solicitud de convocatoria de un nuevo Pleno del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con el fin de monitorizar el impacto y coordinar a los actores implicados, desde el Ministerio hasta el CGPJ, en una transición que pretende traducirse en una Justicia más humana, cercana y con enfoque de género.
En paralelo, la Comisión Permanente del CGPJ ha acordado un paquete específico de apoyos para 23 órganos con competencias en Violencia sobre la Mujer en siete comunidades autónomas —Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia—, con medidas de refuerzo solicitadas por los respectivos Tribunales Superiores de Justicia, informadas favorablemente por la Inspección del Consejo y con cobertura presupuestaria del Ministerio, cuya vigencia inicial se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025, afectando, entre otros, a los juzgados de Palma, Eivissa e Inca; Arrecife y Las Palmas de Gran Canaria; Toledo; Palencia; Barcelona y Lleida; Alicante, Benidorm y Castellón de la Plana; y Ferrol.
Fuentes ministeriales insisten en que la reorganización de competencias da cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por España y por la Unión Europea en materia de prevención y persecución de la violencia contra las mujeres, y que la especialización de estos órganos —que pasarán a conocer de toda la violencia sexual y de los delitos de trata con víctima mujer, con independencia de la relación entre agresor y víctima— permitirá un itinerario procesal más coherente con la protección integral, sin menoscabo de la seguridad jurídica de las causas ya iniciadas que seguirán su curso en los juzgados competentes de origen.
La transición, que se activa hoy de manera efectiva, combina por tanto un cambio orgánico de calado —al concentrar en los juzgados de Violencia sobre la Mujer delitos que hasta la fecha tramitaban órganos de instrucción generalistas— con un plan de contingencia de personal y refuerzos territoriales, y se sustenta normativamente en la Ley Orgánica 1/2025, cuyos efectos prácticos, en términos de asignación de asuntos y carga de trabajo, serán objeto de seguimiento por el Observatorio y por el propio CGPJ, de acuerdo con las previsiones comunicadas y con los estudios de impacto conocidos.
Desde la perspectiva de la gestión, el CGPJ destaca que las medidas de apoyo aprobadas responden a peticiones elevadas por presidencias y Salas de Gobierno de los TSJ, conforme a las reglas reglamentarias y con cobertura económica previa, lo que, en opinión del órgano de gobierno de los jueces, permitirá amortiguar el incremento de entradas en las provincias más tensionadas, en tanto se incorporan las nuevas plazas judiciales y fiscales y se consolida la redistribución de asuntos que, por su naturaleza y por el perfil de las víctimas, se consideran idóneos para el conocimiento por órganos especializados.
Con este movimiento, que algunos operadores jurídicos ven como un paso adicional hacia la especialización integral en materia de violencia contra las mujeres y que el Ministerio defiende como una mejora del servicio público de Justicia orientada a la protección de las víctimas, mientras que otros lo ven como la extensión del incumplimiento del artículo 14 de la Constitución que prohíbe a los poderes públicos discriminar por razón de sexo, se formaliza un cambio competencial de amplio alcance que, desde hoy, estandariza el tratamiento judicial de las agresiones sexuales y de la trata de seres humanos con víctima mujer bajo el paraguas de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, mientras se preserva la continuidad procesal de los procedimientos ya abiertos en la jurisdicción ordinaria.
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